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Ni con el gobierno ni con las entidades patronales "del campo"*

La disputa entre el gobierno nacional y las entidades patronales “del campo” es una pelea entre dos sectores capitalistas que defienden intereses completamente ajenos al pueblo trabajador. Con el aumento de las retenciones, el Gobierno no pretende recaudar fondos adicionales para aumentar jubilaciones, salarios de los trabajadores estatales o los presupuestos de salud y educación, sino contar con recursos para garantizar el pago de la deuda externa, los subsidios a los empresarios amigos (como Cristóbal López) y fondos para favorecer la alianza de intendentes y gobernadores. Por su parte, el lockout de las patronales agrarias, donde los intereses de los grandes propietarios y productores agrupados en la Sociedad Rural pretenden ser camuflados bajo los propietarios de menor peso agrupados en la Federación Agraria, expresan la mera búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de un sector que ha embolsado cuantiosas ganancias gracias al doble efecto de la devaluación y el aumento de los precios internacionales de los productos que exportan, en particular la soja. No extraña por ello que, si bien no participa de la Comisión de Enlace entre la SRA, CRA, Coninagro y FAA, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), donde se nuclean los grandes productores sojeros, apoye abiertamente la protesta patronal.
En el debate público se ha pretendido limitar las opciones al alineamiento con alguno de estos dos bandos igualmente reaccionarios. Los intelectuales, docentes universitarios, periodistas y trabajadores de la cultura que suscribimos esta declaración, por el contrario, creemos necesario intervenir en este debate para plantear la necesidad de una salida independiente en favor de los trabajadores y el pueblo.
Es falso que este gobierno confronte con los “intereses económicos más concentrados”, como algunos quieren hacer creer. Al contrario, los Kirchner los han favorecido en sus casi cinco años de gobierno. ¿O el petróleo no sigue en manos de la Repsol y un puñado de empresas más? ¿O no es un escándalo el saqueo que realizan las multinacionales mineras? ¿O los grandes industriales hoy beneficiados con el favor oficial no fueron tan golpistas como la oligarquía agraria? ¿O no es obsceno el negociado del “Tren Bala” mientras la red ferroviaria sigue destruida? ¿O la tierra no sigue concentrada en 4 mil grandes propietarios agrarios que poseen 85 millones de hectáreas, la mitad de las tierras cultivables en nuestro país, por las que pagan impuestos miserables? ¿O el 40 por ciento de producción sojera no está concentrada en apenas un 2,2 por ciento de los productores, como ahora señala en sus discursos la Presidenta como si nada tuviese que ver con ello? ¿O no es un hecho que cinco grandes empresas (Cargill, Dreyfus, Bunge, Vicentín, Aceites General Deheza) concentran la casi totalidad de las exportaciones de granos, incurriendo incluso en múltiples estafas –que sobrepasan los 3 mil millones de dólares– a la hora de liquidar las retenciones que descuentan del precio que pagan a los productores al fisco? Los Kirchner ni siquiera han impulsado, teniendo mayoría propia en el Parlamento, la derogación de la ley videlista 22.248 que permite la brutal explotación de los trabajadores rurales, que tienen los salarios peor pagos del país y de los cuales un 75 por ciento está “en negro”. ¿O no es también este gobierno el que pacta los “techos salariales” con la burocracia sindical mientras reprime a los trabajadores como en el Casino Flotante y en Mafissa?
Por el lado de quienes desde una supuesta posición de izquierda o “progresista” apoyan el lockout, el argumento de que apoyan a los “pequeños y medianos productores” es insostenible. ¿O la Federación Agraria no forma hoy parte de un bloque políticamente indiferenciado con la oligarquía nucleada en la Sociedad Rural? Lo que demanda la FAA es que no sólo sus afiliados, sino también los grandes propietarios y, aún, los pooles de siembra a los que critican verbalmente paguen la menor cantidad de retenciones posibles. Esto no es una casualidad. Los sectores más bajos de la burguesía agraria nucleados en la FAA son parte de la llamada “alianza sojera”, que no ha vacilado en recurrir a la expulsión sistemática de sus tierras de miles de campesinos pobres y sostiene la explotación brutal de los peones rurales. Frente a la actual situación, los planteos de ambos sectores llevan al agravamiento de la situación de los trabajadores, que ven cómo los salarios se deterioran día a día producto del alza inflacionaria. Quienes adherimos a esta declaración creemos que es necesario sostener una clara posición independiente de estos dos bloques capitalistas. Por el contrario, se trata de unir frente a ellos a la clase trabajadora de la ciudad y el campo, a los campesinos empobrecidos, a los estudiantes... Estamos por la nacionalización de la gran propiedad agraria, de las grandes exportadoras y de los puertos privados y privatizados; por el no pago de la deuda externa y la nacionalización bajo control de los trabajadores de la banca y del comercio exterior. Estas medidas permitirían terminar en serio con la oligarquía y la expoliación de las multinacionales y del capital financiero que se queda con la parte del león de los recursos que surgen de las exportaciones agrarias. Permitiría organizar la producción agraria de acuerdo a un plan racional y contar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Nos manifestamos también por la derogación de la ley videlista que permite la superexplotación del peón rural y por el blanqueo inmediato de todos los que trabajan en negro; y decimos que para que la crisis tenga una salida progresiva es necesario que la clase trabajadora levante sus propias demandas, empezando por las más inmediatas: aumento de emergencia para todos los trabajadores; salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar; aumento automático de salarios de acuerdo al crecimiento de la inflación.
Insistimos: en la crisis, es preciso unir voluntades para señalar la necesidad de una salida distinta a la que ofrecen los sectores patronales y sus representantes en el gobierno nacional y gobiernos provinciales en disputa, una salida socialista y de la clase trabajadora.

*Notas
Esta declaración fue firmada por 160 intelectuales como Andrés Rivera, Martín Kohan, Herman Schiller, Néstor Kohan, Christian Castillo y Pablo Rieznik.